El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, salió en defensa del argentino Lionel Messi, a quien la fiscalía acusa de defraudar a la Hacienda española más de 4 millones de euros, correspondientes a sus derechos de imagen, durante los ejercicios de 2007, 2008 y 2009.

“Esta mañana he hablado con la familia de Messi y están muy tranquilos y nosotros, como club, también lo estamos. Evidentemente, les damos nuestro apoyo y respaldo, porque no tenemos ninguna duda de la inocencia completa de Leo”, manifestó.

Rosell compareció ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada, el día que se cumplían tres años de su victoria en las elecciones a la presidencia del club catalán. Sin embargo, los problemas de Messi con el fisco han centrado una parte de su intervención.

El máximo mandatario de la entidad azulgrana desveló que el Barça paga a Messi “el 15 % de su salario en concepto de derechos de imagen, que es el límite que permite la ley”, que ese dinero va a parar a un sociedad que es la propietaria de esos derechos, y que esa es una práctica que llevan a cabo “el 95 % de los jugadores de la Liga”.

Por su parte, el ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo, admitió que el marco jurídico uruguayo en los años en que, según la fiscalía de Barcelona, el futbolista Leo Messi usó sociedades en ese país para defraudar, permitía que eso pasara y mostró la disposición de su Gobierno a colaborar si se le pide.

“En el período en el cual se hace referencia a estos episodios en Uruguay había formas societarias en nuestro ordenamiento jurídico que permitían que algunas de esas cosas pudieran vehiculizarse a través de ese tipo de instrumentos”, indicó Lorenzo a la prensa tras dictar una conferencia en la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación del Uruguay.

El ministro recordó que “todo lo que surge en la prensa refiere a acontecimientos que aparentemente habrían sucedido en 2007, 2008 y 2009” y “en el año 2007 todavía estaban vigentes” los “marcos normativos que ofrecían opacidad para que ese tipo de cosas ocurrieran”.

“La justicia española está tramitando una causa en la que Uruguay, cuando sea convocado de alguna u otra manera a cooperar con eso, en el marco del Estado de derecho concurrirá”, agregó